El
24 de marzo, Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia, es la oportunidad de recordar en las escuelas
qué pasó durante la última dictadura argentina. Pero ¿cómo se procesa
socialmente el horror? ¿Qué rol tiene la justicia en la recomposición del lazo
social? ¿Cuál fue la importancia de que los testimonios de las víctimas fueran
dichos y escuchados en la justicia? ¿Qué aspectos del proceso de justicia,
analizados desde una perspectiva de género, dan cuenta de la experiencia de las
mujeres? ¿Cómo se relacionan, en la experiencia de la historia reciente, la
justicia y la democracia?
¿Qué pasó el 24 de marzo?
El
24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de Estado
que dio inicio a la última dictadura militar. El Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia conmemora a las víctimas de dicha dictadura,
autodenominada por los propios responsables como «Proceso de Reorganización
Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre esa fecha
y el 10 de diciembre de 1983.
El
24 de marzo se propone como un día de
reflexión y análisis para que toda la población comprenda las graves
consecuencias sociales, políticas y económicas de la última dictadura militar.
También para que todos y todas asumamos el compromiso en la defensa y vigencia
de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución nacional, y el
fortalecimiento del régimen político democrático.
Para
repasar lo sucedido en esos años, el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas
realizaron en la Argentina un golpe de Estado que derrocó al gobierno
constitucional de María Estela Martínez de Perón. Nuestro sistema de gobierno, basado en la Constitución nacional y
en la división de poderes ―ejecutivo, legislativo y judicial―, fue
arrasado. Desde ese día la dictadura disolvió el Congreso, impidió el
funcionamiento de los partidos políticos, prohibió la actividad sindical, anuló
la expresión de libertad y suspendió las garantías constitucionales de todos
los ciudadanos y las ciudadanas.
Desde 1976 hasta 1983, el Estado
argentino en manos de una junta militar de gobierno instaló en todo el país un aparato represivo
para llevar adelante la persecución y eliminación de todo adversario político,
que culminó con la desaparición sistemática y forzada de miles de personas.
Para ello, se utilizó la fuerza pública estatal de manera ilegal, y se
instalaron más 500 centros clandestinos de detención ―muchos de los cuales
funcionaban en instituciones públicas, como comisarías, escuelas y
hospitales―, ubicados en zonas urbanas.
Esta
no era la primera dictadura que atravesaba la Argentina, pero sí la única que
se caracterizó con la expresión "terrorismo
de Estado". Esto se debe a algunas características singulares que la
distinguen de las anteriores: la desaparición forzada y sistemática de personas, la
instalación y el funcionamiento de los centros clandestinos de detención en
todo el país, la apropiación sistemática de menores, los delitos
sexuales, la censura y las prohibiciones en el ámbito cultural, el
ejercicio del terror como forma de disciplinamiento de toda la sociedad. Entre
1976 y 1983 hubo 30.000 personas detenidas desaparecidas. Ciudadanos y
ciudadanas que resultaron víctimas de la represión cuyos cuerpos nunca fueron
entregados a sus familiares. La dictadura pretendió borrar el nombre y la
historia de sus víctimas, privando a sus familiares y también a toda la
comunidad de la posibilidad de hacer un duelo frente a la pérdida. Las
consecuencias de todo lo vivido durante esos años continúan en el presente. El
proceso de justicia sobre estos crímenes se constituyó en una de las vías
posibles para reconstruir esa historia, acercarse a la verdad y sentar las
bases de la democracia duradera.
